La Contraloría General de la República de Venezuela impuso una inhabilitación administrativa por 15 años a Henrique Capriles por ilícitos tipificados en las leyes venezolanas, como no presentar el presupuesto local ante el Consejo Legislativo del estado, pactar convenios internacionales sin autorización para ello y firmar contratos por la gobernación de Miranda con empresas sin cumplir con las normas.
